Foto: Luis Robayo/AFP
El escándalo por la criptomoneda $LIBRA volvió a escalar en el centro de la política argentina y abrió una nueva fase de presión institucional sobre el Gobierno.
Las nuevas revelaciones periodísticas sobre el contenido del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los nexos entre el entorno presidencial y los impulsores del proyecto, reactivaron tanto la ofensiva opositora en el Parlamento como el debate sobre el alcance judicial de la causa.
Lo que parecía un episodio encapsulado en la crisis de febrero de 2025 reapareció ahora con elementos que golpean el principal argumento de defensa del oficialismo: que el presidente sólo había difundido un proyecto privado sin involucrarse en su diseño, lanzamiento o promoción coordinada.
Los nuevos hallazgos, divulgados por medios como AFP, El País, La Nación y El Clarín, colocan bajo mayor escrutinio la relación entre el presidente, su hermana Karina Milei, funcionarios de su entorno y los operadores del universo cripto vinculados a la maniobra.
Qué reactivó el caso $LIBRA contra Milei
La nueva ola del caso se activó tras la difusión de peritajes judiciales sobre el teléfono de Novelli. Según esos reportes, hubo múltiples comunicaciones con Milei, Karina Milei y otros integrantes del entorno presidencial en las horas previas y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda del 14 de febrero de 2025.
La secuencia es políticamente delicada porque contradice la idea de que el mandatario sólo actuó como un difusor espontáneo. Los registros telefónicos publicados por la prensa muestran intercambios en momentos clave: antes de la creación del token, antes del tuit presidencial que lo impulsó y después del derrumbe del activo.
A eso se suma la recuperación de un presunto borrador de acuerdo que contemplaría pagos por cinco millones de dólares a cambio de la promoción pública del proyecto. Aunque desde el oficialismo se insiste en que no existe prueba concluyente de que ese entendimiento se haya concretado o validado formalmente, la sola existencia del documento incrementó el costo político del caso y volvió a conectar la causa con una posible trama internacional de fraude.
El punto más sensible: el relato oficial quedó bajo presión
Desde que estalló el escándalo, Milei sostuvo que no estaba interiorizado en los detalles del proyecto y que sólo le había dado difusión a una iniciativa que, según entendía, podía servir para fondear emprendimientos argentinos. Sin embargo, las nuevas revelaciones debilitan esa línea defensiva porque exponen contactos previos y posteriores al lanzamiento con actores centrales de la operación.
El problema para el Gobierno no es únicamente judicial. También es narrativo y político. La oposición busca instalar que el Presidente no fue un actor periférico sino una pieza relevante en la validación pública del proyecto, sobre todo porque su publicación en X funcionó como disparador de confianza para miles de inversores.
En ese marco, el diputado Maximiliano Ferraro endureció su postura y presentó el caso como una operación deliberada.
“El lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.
La afirmación resume la tesis opositora: que no se trató de un error de juicio ni de un gesto imprudente, sino de una maniobra con coordinación previa entre operadores cripto y figuras del entorno presidencial.
La ofensiva del Congreso y el frente contra el fiscal
La respuesta política más inmediata fue el anuncio de una nueva comisión ad hoc de diputados para seguir el caso y el intento de reactivar la investigación legislativa. Además, legisladores opositores anticiparon denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano por supuesto entorpecimiento de la causa y posible encubrimiento.
Ese movimiento amplía el conflicto más allá de Milei. El caso ya no sólo enfrenta al oficialismo con la oposición por la conducta del Presidente, sino también por el papel del Ministerio Público y por el manejo institucional de la investigación.
Ferraro también planteó que las nuevas pruebas obligan a dar explicaciones formales.
“Van a tener que responder ante la Justicia y ante el Congreso de la Nación”.
El reclamo no apunta solamente al presidente. Los pedidos de informes y de interpelación también alcanzan a Karina Milei, al vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni y a otros funcionarios mencionados en los reportes de prensa por sus contactos con Novelli durante las horas críticas del caso.
El Gobierno responde con silencio y defensa institucional
Frente a la nueva presión, el oficialismo optó por un repliegue público. Milei evitó referirse al tema durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde concentró su mensaje en la marcha de la economía y en sus previsiones de desaceleración inflacionaria. Tampoco desde la Casa Rosada hubo una defensa política amplia, más allá de declaraciones puntuales del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Mahiques cuestionó que se atribuyan delitos al Presidente sin imputación formal y pidió dejar actuar a los tribunales.
“Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber estado ni siquiera imputado en una causa, y más cuando se trata del Presidente, me parece imprudente”.
La postura oficial busca correr el eje hacia el terreno procesal: subrayar que la causa sigue en investigación, cuestionar la filtración del material y advertir sobre posibles problemas en la cadena de custodia de la prueba. Sin embargo, esa respuesta no desactiva el daño político, porque el caso ya se movió del plano técnico al de la credibilidad presidencial.
De criptoescándalo a crisis de investidura
El elemento más grave para el oficialismo es que el caso dejó de ser leído sólo como una controversia sobre activos digitales. Hoy se discute si hubo utilización de la investidura presidencial, de vínculos de la Casa Rosada y de legitimidad institucional para empujar un activo que terminó desplomándose.
Según los reportes publicados, miles de personas perdieron dinero mientras un grupo reducido obtuvo ganancias extraordinarias. Esa combinación entre pérdidas masivas, información privilegiada y vínculo con el poder político es la que convierte el caso en una amenaza mayor para Milei, sobre todo porque se superpone con causas en el exterior y con una narrativa opositora que ya no habla sólo de imprudencia, sino de presunta corrupción y fraude transnacional.
En paralelo, el capítulo sobre la periodista Natalia Volosin y las críticas al fiscal Taiano añadió un componente adicional: la discusión sobre libertad de prensa, manejo de filtraciones y acceso a información de interés público. Eso amplía el radio del conflicto y permite a la oposición vincular el caso con una lógica más amplia de tensión entre gobierno, justicia y medios.
Por qué el caso $LIBRA ya tiene impacto regional
Más allá del frente interno argentino, el expediente empieza a proyectarse como un caso con lectura latinoamericana. No sólo porque involucra un posible fraude de alcance internacional y causas fuera del país, sino porque toca una pregunta más amplia para la región: qué ocurre cuando un presidente usa su capital político, su visibilidad digital y la investidura del cargo en mercados altamente volátiles y de baja regulación.
En América Latina, donde varios gobiernos han intentado apropiarse del lenguaje de la innovación, la desintermediación financiera y el discurso tecnológico, el caso argentino instala una advertencia sobre los riesgos políticos de mezclar liderazgo presidencial, promoción de activos digitales y redes de operadores privados.
Por eso, el problema para Milei no se reduce a si habrá o no imputaciones futuras. El costo inmediato ya está en marcha: una nueva ofensiva parlamentaria, una presión judicial renovada y un golpe a la narrativa de transparencia, control y ruptura con la vieja política que ha sido central en su proyecto de poder.
