Foto: Juan Mabromata / AFP
El Senado de Argentina convirtió en ley la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una decisión que marca un cambio relevante en el régimen penal juvenil del país y que fue impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. La aprobación se dio con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras haber recibido previamente el aval de la Cámara de Diputados.
Con esta reforma, el Estado argentino modifica un sistema penal juvenil que se mantenía vigente desde 1980, en medio de un contexto de creciente debate público sobre delitos cometidos por adolescentes y la respuesta institucional frente a estos casos. Desde el oficialismo, la medida fue presentada como una actualización normativa que busca alinearse con los estándares regionales en materia de responsabilidad penal juvenil.
La Presidencia argentina celebró la aprobación de la ley a través de un mensaje difundido en redes sociales, destacando el enfoque punitivo del nuevo marco legal.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”.
Una reforma impulsada por el oficialismo y respaldada por aliados
La iniciativa formó parte del paquete legislativo promovido por el gobierno de Milei durante el período de sesiones extraordinarias y contó con el respaldo de bloques aliados como La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
No obstante, el Ejecutivo no logró su objetivo inicial de reducir la edad de punibilidad a 13 años, por lo que el acuerdo político final fijó el límite en 14 años.
El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones políticas y fuertes cruces entre oficialismo y oposición, así como por la presencia en los palcos de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores de edad, lo que añadió presión al tratamiento de la reforma.
Desde el oficialismo, la exministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich defendió el proyecto como un cambio estructural en la visión del sistema penal juvenil.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”.
Argumentos de la oposición y cuestionamientos presupuestarios
Legisladores opositores, principalmente del peronismo, cuestionaron la rapidez con la que se trató el proyecto y advirtieron sobre la falta de condiciones presupuestarias y estructurales para su implementación. También señalaron que numerosos especialistas convocados durante el debate se pronunciaron en contra de la iniciativa.
El senador Martín Soria, uno de los votos en contra, planteó la necesidad de un enfoque integral más allá de la respuesta penal.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización. Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”.
En la misma línea, otros legisladores advirtieron que sin financiamiento suficiente para adecuar instalaciones y programas de reinserción, la reforma podría enfrentar dificultades en su aplicación efectiva.
Cambios clave en el régimen penal juvenil
La nueva normativa no solo reduce la edad de imputabilidad, sino que también introduce modificaciones en las penas y en el tratamiento de los menores dentro del sistema judicial. Entre los puntos centrales se incluyen programas educativos, laborales y recreativos orientados a la reinserción social de los jóvenes.
Además, se establece que para delitos con penas menores a tres años o entre tres y diez años —siempre que no impliquen muerte o lesiones graves— podrán aplicarse medidas alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias o reparaciones económicas. Para delitos graves, la pena máxima se fija en 15 años de prisión, por debajo del límite anterior de 20 años.
La ley también prevé la creación de institutos especializados y la prohibición de convivencia entre menores detenidos y adultos, así como la capacitación específica del personal encargado de su custodia y tratamiento.
Un cambio alineado con el contexto regional
Hasta ahora, Argentina mantenía una de las edades de imputabilidad más altas de Sudamérica. Con la nueva legislación, el país se acerca a los estándares regionales, donde en la mayoría de las naciones el límite se sitúa en 14 años, mientras que en países como Brasil y Ecuador la edad mínima es de 12 años.
El debate legislativo se dio en un contexto de alta sensibilidad social por casos de delitos cometidos por adolescentes que tuvieron amplia repercusión mediática, lo que intensificó la presión política para reformar el sistema penal juvenil.
Para el gobierno argentino, la sanción de la ley representa una victoria legislativa clave dentro de su agenda de reformas, mientras que la oposición mantiene sus reservas sobre el enfoque punitivo de la medida y los recursos necesarios para su implementación a nivel federal y provincial.
