Foto: Juan Barreto / AFP
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía general que podría traducirse en la liberación masiva de presos políticos bajo el chavismo, en una decisión que se produce en medio de la nueva etapa política tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.
La norma, impulsada por el Ejecutivo interino y promulgada posteriormente en el Palacio de Miraflores, busca cerrar causas judiciales contra opositores, excarcelar a detenidos por motivos políticos y permitir que perseguidos en el exilio o en la clandestinidad puedan acogerse a la medida, aunque expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que su alcance podría ser limitado por exclusiones específicas dentro del texto legal.
Delcy Rodríguez promulga la ley y llama al “perdón” político
Tras la aprobación parlamentaria, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la promulgación de la ley de amnistía y defendió la medida como un instrumento para reparar las heridas derivadas de décadas de confrontación política en el país.
Durante el acto oficial, la mandataria interina sostuvo que la iniciativa busca abrir una nueva etapa de reconciliación nacional y de diálogo entre los distintos sectores políticos, sociales y económicos.
“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también a recibir perdón”, afirmó Rodríguez al promulgar la norma desde el Palacio de Miraflores, al tiempo que calificó la aprobación como un gesto político relevante en el nuevo contexto institucional venezolano.
Desde el oficialismo, la amnistía también fue presentada como parte de una agenda más amplia orientada a estabilizar el escenario político interno y facilitar la reinserción pública de actores opositores que enfrentan procesos judiciales o restricciones políticas.
Aprobación unánime y expectativa por liberaciones masivas
La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional luego de semanas de consultas con juristas, familiares de presos políticos y sectores políticos, en un proceso que buscó construir consenso en torno al alcance del instrumento legal.
El texto establece que la amnistía podrá beneficiar a personas procesadas o condenadas por hechos vinculados a distintos episodios de conflictividad política ocurridos entre 1999 y 2026, incluyendo protestas, procesos electorales y disputas institucionales que derivaron en detenciones y persecuciones judiciales contra opositores.
En este contexto, la promulgación de la ley ha generado una fuerte expectativa entre familiares de presos políticos que han mantenido vigilias frente a centros de detención en Caracas y otras ciudades, a la espera de que los tribunales revisen los casos y otorguen las medidas de amnistía en los plazos previstos.
Exclusiones y críticas de expertos y oposición
Pese al impacto político de la norma, especialistas en derechos humanos han advertido que la ley presenta limitaciones estructurales, al excluir a personas acusadas de promover acciones armadas contra el Estado, así como a señalados por delitos de corrupción o rebelión militar.
Además, la legislación delimita la aplicación de la amnistía a 13 momentos específicos de convulsión política y social, lo que, según analistas, podría dejar fuera casos de persecución que no encajen dentro de esos periodos establecidos por el texto legal.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa cuestionó públicamente el alcance del instrumento y sostuvo que la medida no garantiza la liberación de todos los detenidos por motivos políticos, al considerar que varios casos seguirían excluidos del beneficio.
“Es un documento chucuto (insuficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas. La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia”, escribió en la red social X tras conocerse la aprobación de la norma.
Contexto político: transición pos-Maduro y presión social
La aprobación de la ley de amnistía se produce en un escenario de transición política tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la instalación del gobierno interino encabezado por Rodríguez, que ha planteado la reconciliación política como uno de los ejes de su agenda.
En las últimas semanas, el Ejecutivo ya había anunciado un proceso inicial de excarcelaciones que permitió la liberación de cientos de opositores, mientras organizaciones civiles estiman que aún permanecen centenares de presos políticos en el país a la espera de medidas judiciales.
Paralelamente, familiares de detenidos mantuvieron protestas e incluso huelgas de hambre frente a centros de reclusión como la Zona 7 en Caracas, movilizaciones que fueron levantadas tras la aprobación de la ley ante la expectativa de que se concreten las liberaciones.
Aunque defensores legales consideran que la amnistía representa un paso significativo hacia la reducción de la persecución política, subrayan que su efectividad dependerá de la actuación del sistema judicial venezolano y de la revisión real de los casos pendientes, en un país donde las ONG han denunciado durante años el uso del aparato judicial como mecanismo de represión política.
