Foto: Renato Pajuelo/AFP
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra el presidente interino, José Jerí, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano. La indagatoria se centra en su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres dentro de su gobierno, según información del Ministerio Público.
Este nuevo proceso fiscal se produce en un contexto de creciente presión política sobre el mandatario, quien ya enfrenta cuestionamientos por otras investigaciones y por el deterioro de la confianza pública en su gestión. La investigación, además, coincide con un escenario político marcado por intentos parlamentarios para debatir su posible destitución y con una crisis institucional prolongada en el país andino.
“La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano”, indicaron fuentes del Ministerio Público citadas por AFP.
Indagatoria por presuntas contrataciones irregulares
De acuerdo con la información oficial, la investigación busca determinar si el jefe de Estado interino ejerció influencias indebidas en procesos de contratación dentro del Ejecutivo. Las designaciones bajo sospecha se habrían realizado entre octubre y enero, periodo en el que varias jóvenes fueron incorporadas al despacho presidencial y al Ministerio del Ambiente tras reunirse previamente con el mandatario.
El caso salió a la luz luego de revelaciones periodísticas que documentaron las visitas de las trabajadoras al entorno presidencial antes de sus contrataciones, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad de los procesos administrativos en el gobierno.
Hasta ahora, José Jerí no ha emitido una declaración pública específica sobre esta nueva investigación fiscal. Sin embargo, la Presidencia peruana ha rechazado previamente los reportes periodísticos, calificándolos como un “uso malintencionado y tendencioso” de la información y asegurando que las investigaciones mediáticas afectan “la dignidad y el buen nombre” de las trabajadoras involucradas.
Segunda investigación y antecedentes del “Chifagate”
La investigación por presunto tráfico de influencias no es la única que enfrenta el mandatario. En enero, la Fiscalía abrió otra indagatoria por el presunto delito de patrocinio ilegal de intereses, vinculada a reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, en un escándalo conocido como el “Chifagate”.
En ese marco, Jerí sostuvo una reunión en el Palacio de Gobierno con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para rendir cuentas sobre dichos encuentros, en medio de un clima de escepticismo ciudadano y cuestionamientos sobre la transparencia de las investigaciones.
Reportes periodísticos también señalaron que una empresa china vinculada al entorno empresarial que rodea el escándalo obtuvo su primera contratación con el Estado durante el actual gobierno, tras haber permanecido sin contratos previos, lo que intensificó las sospechas sobre posibles conflictos de interés y vínculos poco transparentes con actores empresariales.
Presión política y crisis institucional en Perú
La apertura de esta nueva investigación ocurre mientras se amplía el frente parlamentario contra el presidente interino. Diversos sectores han promovido mociones de vacancia en su contra por las reuniones secretas con empresarios y por el impacto político de los escándalos que han rodeado su gestión.
Jerí asumió la presidencia interina tras la salida de Dina Boluarte, en medio de una prolongada crisis política que ha llevado a Perú a tener múltiples mandatarios en menos de una década. Este escenario ha profundizado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y ha incrementado la volatilidad política.
Con elecciones generales previstas para abril y un mandatario bajo múltiples investigaciones fiscales, el caso por presunto tráfico de influencias se perfila como un nuevo factor que podría influir en el clima político peruano, en la estabilidad institucional y en la percepción pública sobre el ejercicio del poder en el país.
