Foto: Connie France/AFP
El Congreso de Perú destituyó este martes 17 de febrero de 2026 al presidente interino José Jerí, luego de que el pleno aprobara siete mociones de censura en su contra durante una sesión extraordinaria, en un nuevo episodio de la crisis política que atraviesa el país a semanas de las elecciones generales de 2026.
La votación parlamentaria marcó el cese inmediato de Jerí en la Presidencia de la República, cargo que había asumido en octubre de 2025 por sucesión constitucional tras la destitución de Dina Boluarte, cuando se desempeñaba como titular del Congreso.
Las mociones de censura fueron impulsadas por congresistas de diversas bancadas, quienes cuestionaron su permanencia en el poder ante la acumulación de investigaciones, escándalos políticos y presuntas irregularidades que deterioraron su respaldo político en un periodo breve de gobierno.
La censura como mecanismo para destituir al presidente interino
A diferencia de otros procesos recientes en Perú, la salida de José Jerí no se produjo mediante la figura de vacancia presidencial, sino a través de la moción de censura, un mecanismo de control político que fue aplicado debido a que el mandatario continuaba siendo formalmente presidente del Congreso cuando asumió la jefatura del Estado.
Durante la sesión parlamentaria, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, explicó las consecuencias institucionales de la decisión adoptada por el pleno.
“La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de Presidente de la República”, informó al anunciar el resultado de la votación.
Este procedimiento permitió que el Legislativo removiera al mandatario con mayoría simple de los congresistas presentes, en medio de un debate político y jurídico sobre la aplicación de la censura en un contexto de sucesión presidencial.
Los cuestionamientos y escándalos que precipitaron la caída de Jerí
La destitución de José Jerí se produjo tras una acumulación de cuestionamientos políticos, investigaciones fiscales y revelaciones periodísticas que marcaron su corta gestión.
Uno de los principales detonantes fue la difusión de reuniones no registradas con empresarios chinos, especialmente el caso conocido como “Chifagate”, luego de que se revelaran encuentros fuera de agenda oficial que derivaron en investigaciones por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.
Asimismo, reportes periodísticos expusieron presuntas contrataciones irregulares de mujeres que habrían accedido a cargos estatales tras reuniones privadas en dependencias del Ejecutivo, lo que intensificó las críticas sobre la transparencia de su gestión y su idoneidad para ejercer el cargo.
Frente a los cuestionamientos, el propio Jerí defendió su conducta en declaraciones públicas previas al debate parlamentario.
“No cometí ningún delito. Lo que sí tengo que reconocer es que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que a muchas personas les ha despertado suspicacias”, afirmó al referirse a sus reuniones extraoficiales con empresarios.
Un gobierno de poco más de 130 días marcado por el desgaste político
José Jerí gobernó durante aproximadamente 130 días, periodo en el que centró su discurso en la seguridad ciudadana como eje prioritario de su administración, en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad, el sicariato y la extorsión en el país.
Sin embargo, el aumento de la percepción de inseguridad, las investigaciones fiscales en su contra y la difusión de escándalos políticos aceleraron el desgaste de su imagen pública, provocando una caída sostenida en su respaldo ciudadano.
Encuestas nacionales citadas por medios locales reportaron que su desaprobación superó el 60% en pocas semanas, reflejando el deterioro de su legitimidad política en medio de la controversia.
Perú se encamina a su octavo presidente en menos de una década
La destitución de Jerí ocurre en un contexto de inestabilidad institucional prolongada. Desde el final del mandato de Ollanta Humala en 2016, Perú ha experimentado múltiples cambios en la jefatura del Estado, con presidentes que no han logrado completar sus periodos en medio de crisis políticas, investigaciones judiciales y conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso.
De concretarse la elección de un nuevo titular del Congreso —quien asumiría automáticamente la Presidencia interina por sucesión constitucional— el país tendría a su octavo mandatario en menos de diez años, un escenario que evidencia la fragilidad del sistema político peruano y la recurrente confrontación entre los poderes del Estado.
Elecciones de 2026 en medio de una crisis política prolongada
La salida de José Jerí se produce a semanas de las elecciones generales programadas para abril de 2026, en las que millones de ciudadanos elegirán al próximo presidente y a los nuevos representantes del Congreso.
Este proceso electoral se desarrollará en un clima de desconfianza institucional, tensiones políticas y cuestionamientos sobre la gobernabilidad, en un país donde la percepción de corrupción y la inestabilidad política han marcado la agenda pública durante casi una década.
En este contexto, la destitución del presidente interino no solo redefine el panorama político inmediato, sino que también abre interrogantes sobre la estabilidad del próximo gobierno y la capacidad del sistema político peruano para superar un ciclo de crisis institucional que se ha convertido en una constante en los últimos años.
