Foto: Federico Parra/AFP
El parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos con la que el país busca abrir su sector petrolero a la participación directa del capital privado, en un giro relevante frente al modelo estatista que ha predominado en las últimas dos décadas.
La votación se llevó a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela, dominado por el oficialismo, y marca el inicio del trámite legislativo de un proyecto que aún deberá ser debatido en una segunda discusión para su aprobación definitiva.
Un marco legal que busca adaptarse al mercado global
Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, explicó que la iniciativa pretende actualizar el marco normativo vigente desde 2006 y adecuarlo a las condiciones actuales del mercado energético internacional.
“Este proyecto de reforma es un paso para la modernización del sector energético. La verdadera soberanía no solo reside en el control de los recursos sino en transformarlos en bienes para el pueblo venezolano”, afirmó Camacho ante el pleno legislativo.
El diputado señaló que la industria petrolera global atraviesa un proceso de transformación profunda, marcado por una mayor competencia, la transición energética y la volatilidad de los precios, factores que —dijo— obligan a Venezuela a ofrecer reglas más ágiles y previsibles para la inversión.
Contratos productivos y mayor participación privada
De acuerdo con el texto presentado ante la Asamblea, la reforma contempla la incorporación de nuevos modelos de negocio derivados de la Ley Antibloqueo, como los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP), bajo los cuales las empresas operadoras asumirían la gestión integral de los proyectos a su propio riesgo y costo.
Este esquema permitiría que el Estado no adquiera nuevas deudas y que la retribución de las operadoras se defina mediante un porcentaje sobre los volúmenes de producción fiscalizados, además de introducir mayor flexibilidad en el régimen de regalías, especialmente en campos no desarrollados o “greenfields”.
La iniciativa también propone fortalecer las garantías jurídicas para la inversión nacional y extranjera, mediante mecanismos independientes de resolución de conflictos, siempre bajo el marco constitucional venezolano.
Un viraje tras años de control estatal
Si la reforma es aprobada en segunda discusión, supondría un cambio sustancial respecto al modelo instaurado durante el gobierno de Hugo Chávez, que endureció el control estatal del sector petrolero y estableció la obligatoriedad de empresas mixtas con mayoría accionarial de la estatal PDVSA.
La nueva legislación eliminaría ese requisito, permitiendo a empresas privadas participar de forma independiente en la exploración y extracción de crudo, con el objetivo de incrementar la producción y atraer capital extranjero.
Contexto político y presión internacional
El avance de la reforma ocurre en un contexto de recomposición acelerada de las relaciones entre Caracas y Washington, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la llegada al poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La apertura del sector petrolero ha sido una exigencia reiterada del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha condicionado el restablecimiento pleno de los vínculos bilaterales y el alivio económico a cambios estructurales en la industria energética venezolana.
Segunda discusión pendiente
La aprobación inicial se realizó sin el respaldo de la oposición, que denunció no haber tenido acceso previo al contenido del proyecto. El Parlamento prevé llevar a cabo una segunda discusión en las próximas semanas, en la que se definirá si la reforma se convierte finalmente en ley.
De concretarse, la medida abriría un nuevo capítulo para la industria petrolera venezolana, que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero cuya producción ha caído de forma sostenida en los últimos años.
