Foto: Pedro Mattey / AFP
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una profunda reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo de atraer inversión privada, principalmente extranjera, y reactivar una industria petrolera golpeada por años de sanciones internacionales, desinversión, corrupción y control estatal.
La nueva legislación marca un giro estructural en el modelo energético del país y se alinea con las exigencias del gobierno de Estados Unidos tras el cambio político ocurrido a inicios de enero.
El texto fue aprobado por el Parlamento y ahora será enviado a la presidenta interina Delcy Rodríguez para su sanción y promulgación. La reforma abre completamente la industria a empresas privadas, reduce impuestos y regalías, y limita el control operativo del Estado en las actividades de exploración y producción.
Un giro político tras la captura de Nicolás Maduro
La aprobación de la reforma se produce semanas después de la captura de Nicolás Maduro, quien fue derrocado el 3 de enero en una operación militar encabezada por Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno interino ha iniciado un proceso de acercamiento con Washington y ha impulsado cambios legales orientados a normalizar la relación bilateral y facilitar el regreso de empresas energéticas estadounidenses al país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, celebró la aprobación de la reforma y sostuvo que la nueva Ley de Hidrocarburos representa un punto de inflexión para el futuro económico del país, al considerar que permitirá dejar atrás años de crisis y abrir una etapa de recuperación basada en la inversión y la modernización del sector energético.
Menos control estatal y más garantías para empresas extranjeras
La nueva legislación reduce de manera significativa el rol operativo del Estado y relega a Petróleos de Venezuela a un papel secundario en los proyectos de producción.
A partir de ahora, las empresas privadas, incluidas las extranjeras, podrán asumir un mayor control operativo en los campos petroleros, acceder de forma más directa a las ganancias y operar bajo condiciones contractuales más flexibles.
Entre los cambios más relevantes también se encuentra la posibilidad de reducir drásticamente los impuestos y regalías que pagan las compañías al Estado venezolano, así como la autorización para que las disputas contractuales se resuelvan en instancias de arbitraje internacional, en lugar de depender del sistema judicial venezolano, históricamente cuestionado por su falta de independencia.
En los hechos, la reforma revierte buena parte de la nacionalización de los proyectos petroleros impulsada en 2007 durante el gobierno de Hugo Chávez, una política que llevó a la salida de grandes empresas internacionales y se convirtió en uno de los pilares del chavismo.
Evaluación de expertos y expectativas moderadas
De acuerdo con un análisis publicado por The New York Times, el economista venezolano Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, consideró que la reforma representa un avance relevante para la industria petrolera venezolana. Según el diario estadounidense, Grisanti estimó que la nueva legislación podría permitir un incremento de la producción de entre 200 mil y 300 mil barriles diarios, frente a un nivel actual cercano al millón.
El mismo análisis señala que la reforma mejora las condiciones para empresas que ya operan en Venezuela, como Chevron, así como para compañías europeas y operadores más pequeños con mayor apetito de riesgo. Sin embargo, Grisanti también moderó las expectativas sobre un eventual regreso de grandes petroleras que abandonaron el país tras las expropiaciones.
Según The New York Times, el economista advirtió que empresas como Exxon Mobil o ConocoPhillips siguen siendo cautelosas ante la posibilidad de regresar a Venezuela, debido al historial de nacionalizaciones, expropiaciones y cambios abruptos en las reglas del sector.
Riesgos legales y advertencias sobre la estabilidad
El diario estadounidense también recoge la evaluación de Norma Mozeé, exdiplomática de la embajada de Estados Unidos en Caracas y consultora energética, quien señaló que aflojar el control estatal y otorgar mayor autonomía operativa es un paso positivo para atraer inversión privada, pero advirtió que la reconstrucción de la confianza con los inversionistas tomará tiempo.
De acuerdo con The New York Times, Mozeé subrayó que los inversionistas buscan estabilidad política, legislativa y jurídica, y que el actual gobierno venezolano enfrenta un desafío importante para demostrar que puede garantizar reglas claras y protección a los intereses extranjeros a largo plazo.
Alivio de sanciones y supervisión estadounidense
La aprobación de la reforma coincidió con el anuncio del gobierno de Donald Trump de reducir las sanciones impuestas al sector petrolero venezolano. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza transacciones relacionadas con la extracción, almacenamiento, transporte, refinación y comercialización de petróleo venezolano por entidades estadounidenses.
No obstante, estas operaciones permanecerán bajo estricta supervisión. El secretario de Estado Marco Rubio explicó que los ingresos derivados de la venta de petróleo serán canalizados a cuentas controladas en el extranjero y liberados gradualmente para financiar servicios públicos en Venezuela, como seguridad, saneamiento y compra de medicamentos.
Las nuevas licencias excluyen de manera explícita cualquier transacción con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.
Un cambio estructural para una economía dependiente del petróleo
Con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, Venezuela depende de manera crítica del sector energético para su recuperación económica. La reforma a la Ley de Hidrocarburos busca inyectar capital fresco, modernizar una infraestructura deteriorada y reactivar el crecimiento tras una década de colapso productivo y contracción de ingresos.
Aunque persisten dudas sobre el volumen real de inversión que llegará al país y sobre la estabilidad del nuevo marco legal, la aprobación de la reforma representa uno de los cambios económicos más profundos en la historia reciente de Venezuela y redefine su relación con Estados Unidos y con la industria petrolera internacional.
