Foto: FEDERICO PARRA / AFP
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley 97-25, con la que entra en vigor una reforma integral al Código Procesal Penal, una de las normas que rigen el funcionamiento del sistema de justicia penal en el país.
La nueva legislación sustituye la Ley 10-15 y responde a lo ordenado por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0765/24.
La promulgación fue informada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, desde donde se explicó que la reforma busca adecuar el proceso penal dominicano a los principios constitucionales vigentes, así como a los criterios desarrollados en los últimos años por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
Entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal
De acuerdo con el cronograma oficial, el texto legal será publicado en la Gaceta Oficial y comenzará a aplicarse de manera inmediata.
La normativa entrará en vigor a partir del martes en el Distrito Nacional y desde el miércoles en el resto del país, conforme a los plazos establecidos por la legislación vigente.
Cambios para agilizar el proceso penal
Uno de los principales objetivos de la reforma es agilizar la tramitación de los procesos penales y reducir la sobrecarga del sistema judicial. Para ello, la nueva ley amplía el alcance de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la justicia restaurativa, los criterios de oportunidad, los acuerdos entre las partes, las conciliaciones y los procedimientos abreviados.
Con la reforma, la suspensión condicional del procedimiento podrá aplicarse ahora a hechos sancionados con penas de hasta cinco años de prisión, lo que representa una ampliación significativa respecto al marco normativo anterior.
Fortalecimiento del derecho de defensa y garantías
La legislación promulgada también introduce modificaciones orientadas a fortalecer el derecho de defensa y las garantías procesales.
El nuevo Código refuerza la presunción de inocencia, amplía el acceso a la asistencia técnica integral para personas en condición de vulnerabilidad y consolida el principio de favorabilidad procesal como criterio de interpretación.
Además, los derechos de la persona investigada se activan desde los primeros actos del procedimiento, como citaciones o inmovilizaciones de fondos, y se amplían los plazos para que la defensa ejerza sus atribuciones. Por primera vez, la norma fija un límite máximo de dos años para los archivos provisionales, que anteriormente no contaban con un plazo definido.
Medidas de coerción y duración de los procesos
Otro de los ajustes relevantes se encuentra en el régimen de medidas de coerción, donde se establecen reglas más claras sobre arrestos y órdenes de comparecencia, así como un mayor control judicial sobre cualquier restricción a la libertad personal.
La reforma incorpora de manera expresa el criterio de plazo razonable, con un máximo de cuatro años para procesos ordinarios y cinco años para casos complejos, además de criterios específicos para su cómputo.
La ley también fortalece el sistema de apelación al eliminar la figura del “nuevo juicio” y otorgar mayores atribuciones a las cortes para conocer el fondo de los procesos, garantizando un doble grado de jurisdicción efectivo.
Alcance de la reforma y consenso institucional
Al referirse al espíritu de la nueva normativa, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, explicó que el Código Procesal Penal reformado está orientado a modernizar la administración de justicia, promover procesos más ágiles y eficaces, y centrar el sistema penal en la solución del conflicto, en armonía con el nuevo Código Penal y con la clasificación actual de las infracciones.
Peralta Romero destacó que la reforma es resultado de un amplio proceso de trabajo interinstitucional, en el que participaron el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes de la comunidad jurídica, lo que permitió alcanzar consensos clave.
Con esta promulgación, que se suma a otras reformas recientes en materia penal, el Gobierno dominicano busca avanzar hacia un sistema de justicia más moderno, eficiente y garantista, alineado con los estándares constitucionales y las demandas actuales del país.
