Foto: Cámara de Diputados de la República Dominicana (FB)
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de modificación al Código Procesal Penal (CPP), una iniciativa considerada clave para evitar un vacío legal ante el vencimiento del plazo establecido por el Tribunal Constitucional, fijado para el próximo 11 de diciembre.
La decisión se tomó tras varias horas de debate en el pleno legislativo y a menos de ocho días de la fecha límite marcada por el órgano constitucional, que advirtió que, de no aprobarse una nueva normativa, el código vigente quedaría fuera del ordenamiento jurídico nacional.
Con esta votación, la iniciativa fue remitida al Senado de la República, donde deberá ser conocida en dos lecturas. En caso de que no se introduzcan cambios, el proyecto será enviado posteriormente al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Una aprobación marcada por la presión del plazo constitucional
El trámite legislativo avanzó bajo una fuerte presión de tiempo debido al mandato del Tribunal Constitucional. El texto aprobado por la Cámara Baja quedó conformado por casi 500 artículos, reflejando el alcance de la reforma al marco procesal penal.
Al concluir la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó el esfuerzo legislativo realizado para completar el proceso en un periodo reducido.
“Hoy hemos concluido esta labor titánica con este proyecto, que justo mañana cumple un mes desde que nos fue entregado”, expresó Pacheco, al señalar que el trabajo se realizó en “tiempo récord”, pese a la magnitud y complejidad de la reforma, de acuerdo con Diario Libre.
La votación se cerró con una amplia mayoría, lo que permitió concluir el trámite en la Cámara Baja sin prolongar el calendario legislativo.
El debate por la designación de peritos
Uno de los puntos más controvertidos durante la sesión fue la discusión del artículo 211, relativo a la designación de peritos en los procesos judiciales.
En la primera lectura, este artículo había sido modificado para excluir al Ministerio Público de esa facultad durante la fase preparatoria, lo que generó posiciones encontradas entre los legisladores.
El diputado Julio César Beltré, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió que el Ministerio Público mantuviera esa atribución, al considerar que se trata de una herramienta necesaria para el desarrollo oportuno de las investigaciones.
En contraste, el diputado Eugenio Cedeño expresó su rechazo a esa postura y advirtió sobre el riesgo de ampliar las facultades del órgano acusador.
“No podemos ceder a presiones externas”, afirmó Cedeño durante el debate en el pleno, según reportó el mismo diario dominicano.
Ante la discrepancia, Alfredo Pacheco tomó la palabra para respaldar la restitución del texto vigente del artículo y alertar sobre el impacto operativo de eliminar esa facultad.
“¿Cómo nosotros vamos a quitarle al Ministerio Público la posibilidad de designar el perito en esta fase del proceso? Favoreceríamos al crimen”, sostuvo Pacheco.
Finalmente, el pleno aprobó restablecer el artículo 211 en su redacción original, con solo cinco votos en contra.
Otros ajustes incluidos en la reforma
Además del artículo 211, los diputados devolvieron a su redacción original el artículo 215 y otros numerales relacionados con las atribuciones del Ministerio Público.
El presidente de la Comisión de Justicia, Wandy Batista, explicó que estas correcciones buscan evitar riesgos en procesos que requieren actuaciones periciales urgentes y mantener un esquema que ha estado vigente durante años sin generar conflictos.
En materia de prisión preventiva, la Cámara de Diputados no aprobó modificaciones. Sin embargo, sí introdujo un cambio relevante en torno a la interrupción de la prescripción de los delitos.
Con la nueva redacción, la prescripción ya no se interrumpirá únicamente con la solicitud de una medida de coerción por parte del Ministerio Público, sino que será necesario que dicha medida sea ordenada por un juez.
El Senado definirá el tramo final del proceso
Concluida la discusión en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma al Código Procesal Penal quedó en manos del Senado, que deberá analizar la iniciativa en un calendario ajustado por el plazo constitucional.
Si la Cámara Alta aprueba el texto sin modificaciones, la reforma será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, cerrando así un proceso legislativo clave para la estabilidad del sistema de justicia penal en la República Dominicana.
