Perú y México chocan en la OEA por propuesta sobre asilo diplomático
El debate reabre la discusión regional sobre los límites entre la protección política y la lucha contra la impunidad.
Foto: Cancillería de Perú
Cristian Alanís
Publicada:
El gobierno de Perú expuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la forma en que se analiza y concede el asilo diplomático en la región, al advertir que esta figura jurídica estaría siendo utilizada para sustraer a procesados de la justicia en Estados democráticos.
La iniciativa provocó un rechazo inmediato de México y reavivó la tensión diplomática entre ambos países.
El planteamiento fue presentado por el canciller Hugo de Zela durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, donde sostuvo que el marco actual permite decisiones unilaterales basadas en criterios políticos o ideológicos, sin una revisión objetiva de los procesos penales vigentes en el país de origen del solicitante.
La discusión ocurre en un contexto de relaciones diplomáticas suspendidas entre Perú y México, tras el asilo otorgado por el gobierno mexicano a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta una condena judicial en su país por su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
Lima pide revisar cómo se aplica el asilo diplomático
Durante su intervención, De Zela subrayó que el asilo diplomático es una contribución histórica de América Latina al derecho internacional, pero advirtió que su aplicación actual se ha apartado del propósito para el que fue concebido: proteger a personas perseguidas por motivos políticos.
El canciller peruano señaló ante los Estados miembros de la OEA que la figura del asilo debe dejar de depender de valoraciones discrecionales y avanzar hacia procedimientos institucionales que aseguren “objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado”, incorporando de forma obligatoria la información judicial proporcionada por el país territorial.
De Zela argumentó que la Convención de Caracas de 1954 se adoptó en una etapa marcada por autoritarismos en la región, un escenario que —dijo— difiere de la realidad actual, en la que existen sistemas democráticos con instancias judiciales y mecanismos regionales de protección de derechos humanos.
En ese sentido, afirmó que retirar a funcionarios o exmandatarios de los procesos judiciales ordinarios “no fortalece la democracia ni el Estado de derecho”, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones y deteriora la cooperación entre los países.
📌 El Perú presentó ante el Consejo Permanente de la @OEA_oficial una propuesta para proteger el asilo diplomático, evitando que esta figura sea usada para eludir la justicia.
La representación de México ante la OEA rechazó el planteamiento peruano y sostuvo que el Consejo Permanente no tiene facultades para modificar, reinterpretar o revisar la Convención de Caracas.
La embajadora Luz Elena Baños Rivas indicó que los tratados internacionales solo pueden ser objeto de revisión con la participación y el consentimiento de todos los Estados parte, y recalcó que las normas que regulan el asilo diplomático han permanecido vigentes y claramente definidas durante décadas.
La diplomática mexicana enfatizó además que no todos los países presentes en la OEA son signatarios de la Convención y que existen Estados parte que actualmente no integran el organismo, lo que —sostuvo— impide cualquier intento de reinterpretación multilateral.
El caso Betssy Chávez como detonante del conflicto
Aunque Perú afirmó que su propuesta no se refiere a un caso particular, la iniciativa surge tras el asilo concedido a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, condenada en Perú a más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión.
Chávez permanece en la embajada de México en Lima, a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país. Sin embargo, el gobierno peruano ha optado por posponer esa decisión, mientras consulta con otros Estados de la región y analiza el alcance jurídico de la Convención sobre Asilo Diplomático.
En declaraciones previas, el canciller peruano sostuvo que la demora busca evaluar si el marco normativo vigente “se ajusta a las condiciones políticas y jurídicas actuales” y no facilita escenarios de impunidad.
Perú propone un análisis técnico en el ámbito interamericano
Ante la falta de consenso político, Perú planteó llevar la discusión al Comité Jurídico Interamericano, órgano consultivo de la OEA, para obtener una opinión técnica sobre la aplicación del artículo IX de la Convención de Caracas y su compatibilidad con otros instrumentos regionales sobre combate a la corrupción y delitos graves.
De Zela señaló que varios países han expresado inquietudes similares respecto al uso del asilo diplomático y que existe disposición para abrir un debate que fortalezca esta institución sin desvirtuar su finalidad original.
La controversia se suma a otros episodios recientes en la región que han puesto al asilo diplomático en el centro del debate político y jurídico, evidenciando las tensiones entre la protección política, la cooperación judicial y el principio de no impunidad en América Latina
