Corte Suprema de Perú condena a Pedro Castillo a 11 años por el intento de golpe de Estado
La sentencia también impone penas a exministros y ordena una reparación civil de 12 millones de soles.
Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Cristian Alanís
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú resolvió condenar al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, al hallarlo culpable del delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La sentencia concluye que el exmandatario lideró un plan orientado a desconocer el orden constitucional mediante un mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso y la instauración de un régimen de excepción, aun cuando el intento no se materializó en un alzamiento armado.
Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP
La decisión del máximo tribunal
En su resolución, la Sala Suprema determinó que la conducta de Castillo y de exintegrantes de su gobierno se encuadra en el delito de conspiración, al probarse que existió coordinación previa y reparto de funciones para ejecutar el quiebre institucional.
“En consecuencia, este tribunal, en mayoría, considera que los hechos planteados en la acusación configuran el delito de conspiración para una rebelión”, señaló la Sala Penal Especial, de acuerdo con el diario El Comercio.
El colegiado consideró que el anuncio presidencial excedió cualquier margen político y constituyó un intento explícito de concentración ilegítima del poder.
“Lo expresado en el mensaje a la Nación constituye una manifestación directa de que el acusado se arrogó el ejercicio del poder, configurándose un supuesto de rebelión”, sostuvo el tribunal en su fallo, según el mismo medio.
Exministros también fueron sentenciados
La condena impuesta a Castillo fue extendida a otros exfuncionarios de su administración. La ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta fueron sentenciados a la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de una inhabilitación por dos años para el ejercicio de cargos públicos.
En el caso del exasesor presidencial y expremier Aníbal Torres, la Corte dictó una condena de 6 años y 8 meses, aunque dispuso la suspensión provisional de la ejecución de la pena, medida que también aplica para Huerta.
Asimismo, el tribunal ordenó el pago de 12 millones de soles como reparación civil por daño extra-patrimonial, monto que deberá ser cubierto de manera solidaria por los condenados.
El mensaje que detonó la crisis política
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo se dirigió al país para anunciar el cierre del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de emergencia.
El anuncio fue realizado horas antes de que el Legislativo debatiera una nueva moción de vacancia en su contra.
La respuesta institucional fue inmediata: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desconocieron la orden presidencial, el Congreso aprobó la vacancia del mandatario por amplia mayoría y Castillo fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México con la intención de solicitar asilo político.
Sobre estos hechos, el máximo tribunal sostuvo que la ausencia de respaldo militar no elimina la responsabilidad penal de los acusados.
“Los acusados realizaron un acuerdo para vulnerar el orden constitucional y se organizaron con roles definidos para materializar el contenido del mensaje a la Nación”, concluyó la Corte Suprema.
Delito acreditado, sin alzamiento armado
Durante el proceso judicial, la defensa de Castillo sostuvo que no existió golpe de Estado al no haberse producido un levantamiento en armas.
Sin embargo, los magistrados consideraron acreditado el delito de conspiración, aunque descartaron la figura de rebelión consumada, informó El País.
La Sala también rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa del expresidente, que alegaba falta de imparcialidad judicial, y concluyó que Castillo atentó deliberadamente contra los poderes del Estado.
Castillo seguirá recluido en Barbadillo
Con esta sentencia, Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo, donde se encuentran otros expresidentes peruanos judicializados.
El fallo marca un precedente en la justicia peruana sobre los límites del poder presidencial y la protección del orden constitucional.
