Gobierno de Panamá choca con fiscalizadores por transferencia
Foto: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
Cristian Alanís
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El debate sobre las transferencias de recursos del Gobierno central a los municipios abrió un nuevo frente de tensión política e institucional en Panamá.
Mientras el Ejecutivo sostiene que los apoyos se ajustan a la ley y representan una ruptura con prácticas del pasado, legisladores, actores de fiscalización y organizaciones civiles cuestionan la falta de criterios técnicos claros y la escasa información pública sobre el uso final de los fondos.
En los últimos días, la controversia escaló luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República rechazaran la existencia de una supuesta “descentralización paralela 2.0” y anunciaran auditorías específicas sobre las transferencias realizadas en 2024 y 2025, en respuesta a señalamientos surgidos desde distintos sectores políticos.
De acuerdo con información difundida por el propio Gobierno de Panamá y por reportes de La Estrella de Panamá y La Prensa, el punto de fricción no se limita a la legalidad formal de las asignaciones, sino a la falta de trazabilidad, la ausencia de publicación completa de documentos y las dudas sobre los criterios utilizados para distribuir los recursos.
La defensa del Gobierno: legalidad y recorte de montos
Según lo señalado en el comunicado del Gobierno de Panamá el 4 de diciembre de 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que las transferencias realizadas a los municipios se apegan al marco jurídico vigente, que incluye la Constitución y las leyes que regulan el régimen de descentralización.
En ese contexto, el MEF sostiene que 64 de los 82 municipios del país no son autosuficientes, por lo que requieren apoyo financiero del Gobierno central para cubrir sus necesidades básicas.
Las autoridades indicaron que los traslados de fondos responden a solicitudes formales de los gobiernos locales, aprobadas por los respectivos consejos municipales y sujetas al control posterior de la Contraloría General de la República.
El ministerio también ha indicado que no cuenta con facultades constitucionales para auditar el uso final de los recursos municipales, función que corresponde exclusivamente al ente fiscalizador.
En cuanto a los montos, el MEF informó que en 2024 se asignaron 6.9 millones de balboas y que en 2025 la cifra ronda los 4.6 millones.
De acuerdo con las cifras oficiales citadas por el propio Gobierno, estos montos contrastan con los desembolsos realizados en administraciones anteriores, cuando las transferencias superaron los 140 millones de balboas en años como 2013 y 2023.
El papel de la Contraloría y las auditorías
La Contraloría General de la República explicó en el comunicado conjunto difundido con el MEF el 4 de diciembre, el contralor general, Anel Flores, señaló que las transferencias actuales no responden a un esquema comparable al aplicado en años anteriores, especialmente en periodos electorales, cuando los recursos transferidos superaron los 300 millones de balboas.
Según la misma comunicación oficial, la Contraloría iniciará auditorías específicas sobre las transferencias realizadas en 2024, particularmente las correspondientes a los 6.9 millones de balboas señalados en los últimos días.
De forma paralela, el ente fiscalizador informó que se encuentran en fase de entrega auditorías relacionadas con juntas comunales descentralizadas del gobierno anterior.
El comunicado también detalla que la Contraloría culminó la revisión de miles de expedientes vinculados a auxilios económicos del IFARHU, en los que se detectaron posibles perjuicios patrimoniales al Estado.
En ese contexto, Flores recalcó que la fiscalización no es selectiva y que tanto lo ocurrido en administraciones pasadas como las actuaciones de la actual administración serán revisadas bajo los mismos criterios.
Las críticas: opacidad y falta de trazabilidad
Desde la oposición, el Movimiento Vamos ha encabezado las críticas a la actuación del MEF. El exdiputado y dirigente del movimiento, Juan Diego Vásquez, ha solicitado de manera reiterada que se publique la lista completa de las transferencias municipales, incluyendo los montos, los municipios beneficiados y los criterios utilizados para autorizar cada traslado.
Vásquez ha cuestionado que el Gobierno centre su defensa en la legalidad de las asignaciones sin ofrecer información detallada sobre su destino final, particularmente luego de que el propio MEF reconociera que no cuenta con mecanismos propios de trazabilidad y que depende de la Contraloría para verificar el uso de los recursos.
“La firmeza al pedir respuesta sobre el uso del dinero de todos los panameños nunca es negociable. Las autoridades tienen la obligación de ser transparentes y claras. El MEF debe publicar la lista ya”, escribió Vásquez en su cuenta de X.
La firmeza al pedir respuesta sobre el uso del dinero de todos los panameños nunca es negociable. Las autoridades tienen la OBLIGACIÓN de ser transparentes y claras. Es vergonzoso que se siga insistiendo en la “legalidad” de las transferencias. El MEF debe publicar la lista YA!
El exdiputado también ha puesto en duda por qué las transferencias fueron detenidas temporalmente si, como sostiene el Gobierno, todo se realizó conforme a la ley.
“Si todo era normal, como han querido hacer ver, ¿por qué pararon? ¿Por qué dieron la orden de pararlo todo?”, cuestionó en otro mensaje publicado en la misma red social.
Los fondos públicos, el dinero de todos los panameños, es SAGRADO. Hago la invitación al Gobierno a rendir cuentas y dejar de esconder las transferencias opacas, discrecionales y politiqueras que hicieron. El martes seguiré con más información. Ojalá el Gobierno sea transparente pic.twitter.com/g82a1ffxwb
De acuerdo con publicaciones de La Prensa, las críticas se intensificaron luego de que se señalara una coincidencia entre los municipios beneficiados por las transferencias y diputados considerados afines al gobierno del presidente José Raúl Mulino.
Para sectores del Movimiento Vamos, este patrón alimenta sospechas sobre un posible uso político de los recursos.
En una entrevista, Juan Diego Vásquez cuestionó los criterios utilizados para la asignación de los fondos y sostuvo que el problema central no es solo la legalidad formal de los traslados, sino la ausencia de criterios técnicos verificables.
“Estos fondos no fueron asignados de manera técnica, fueron asignados de manera política”, afirmó Vásquez en la entrevista publicada por el mismo medio panameño.
A los cuestionamientos se sumaron el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), así como la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, quienes, de acuerdo con reportes de La Estrella de Panamá, advirtieron que la falta de información clara sobre estas transferencias podría reproducir prácticas clientelares de administraciones pasadas.
Ante las críticas acumuladas desde la oposición, el titular del MEF confirmó que sostuvo una conversación con Juan Diego Vásquez, la cual calificó como constructiva, y señaló que el Gobierno incorporará las observaciones planteadas en el debate para fortalecer los controles y la transparencia en el uso de los recursos municipales.
