Foto: SAUL LOEB/AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que los precandidatos del correísmo podrán participar en las elecciones seccionales de noviembre de 2026 con cualquier organización política que haya cumplido los requisitos legales, luego de que el movimiento Amigo fuera suspendido temporalmente en medio de una investigación por presunto lavado de activos.
“Pueden escoger cualquier otro partido que no se haya prestado para lavado de activos y que haya hecho primarias, cualquier otro, incluido el Partido Socialista Ecuatoriano”, declaró Noboa durante una entrevista con Radio Centro Digital, realizada el 23 de julio en Guayaquil.
El mandatario rechazó las acusaciones del correísmo de que el Gobierno buscaría impedir también una eventual postulación de sus candidatos mediante el Partido Socialista.
“Ya tienen la paranoia de que ‘nos van a fregar con el Partido Socialista’. Que se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad”, expresó.
Noboa sostuvo que existen movimientos nacionales que realizaron sus elecciones primarias, mantuvieron sus cuentas en orden y entregaron sus reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE.
Sin embargo, la posibilidad de inscribir las candidaturas no depende del presidente, sino del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y las autoridades encargadas de revisar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Correísmo busca otra organización para presentar a sus candidatos
La suspensión de Amigo dejó nuevamente sin una plataforma electoral definida a varios precandidatos de la Revolución Ciudadana, entre ellos el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, y la excandidata presidencial Luisa González, que aspira a la Prefectura de Manabí.
Ecuavisa reportó que el correísmo había recurrido a Amigo después de que la propia Revolución Ciudadana fuera suspendida en el marco de otra investigación reservada de la Fiscalía.
Los precandidatos realizaron posteriormente sus procesos internos mediante Amigo, pero la suspensión de esa organización, dictada el 17 de julio, obligó al movimiento de Rafael Correa a buscar una tercera alternativa para competir.
Una de las opciones analizadas es el Partido Socialista Ecuatoriano, organización con la que la Revolución Ciudadana mantiene acuerdos políticos en varias provincias.
Primicias informó que dirigentes del correísmo han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Partido Socialista también sea apartado de la contienda. Noboa rechazó ese escenario y aseguró que las candidaturas podrán avanzar siempre que la agrupación escogida haya cumplido la normativa electoral.
Los aspirantes, sin embargo, tendrán que terminar formalmente su relación electoral con Amigo antes de ser postulados por otra organización. El cambio de partido no es automático y deberá completarse dentro de los plazos establecidos para la inscripción de candidaturas.
Amigo fue suspendido por una investigación de lavado de activos
El Tribunal Contencioso Electoral suspendió durante nueve meses al movimiento Amigo después de que la Fiscalía informara sobre la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos.
José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública y extitular de la UAFE, acompañó a Noboa durante la entrevista y aseguró que las autoridades investigan el origen de parte del financiamiento de la organización.
“Hay una investigación por lavado de activos, donde se desconoce el origen de cierto financiamiento en la organización política”, afirmó Neira.
La apertura de la investigación y la suspensión provisional no significan que la organización, sus dirigentes o sus candidatos hayan sido declarados responsables de lavado de activos. El proceso permanece abierto y los señalamientos deberán ser comprobados ante las autoridades correspondientes.
El correísmo sostiene que la suspensión viola el principio de presunción de inocencia y restringe derechos políticos antes de que exista una resolución definitiva.
Rafael Correa afirmó en sus redes sociales que Amigo no ha registrado movimientos financieros durante los últimos tres o cuatro años y cuestionó que la organización fuera sancionada al inicio de la investigación.
“Aun si fuera cierto, se debe sancionar después del debido proceso y luego de haber demostrado la infracción. No es posible sancionar al inicio de la investigación”, escribió el exmandatario.
El caso coloca a las autoridades electorales ante un doble desafío: investigar posibles irregularidades en el financiamiento partidista sin que las medidas provisionales se conviertan en una exclusión electoral anticipada.
Noboa endurece la confrontación con Rafael Correa
Durante la entrevista, Noboa también acusó al correísmo de intentar trasladar a sus candidatos entre diferentes organizaciones sin resolver los cuestionamientos que originaron las investigaciones.
El presidente comparó la estrategia con un grupo de personas que cambia de vehículo sin modificar su conducta.
“Es como que cuatro ladrones se subieron a un carro, se bajaron y se subieron a otro. No dejaron de ser ladrones, no dejaron de cometer crímenes, solo cambiaron de vehículo”, declaró.
La comparación constituye una acusación política de Noboa y no una determinación judicial sobre la responsabilidad de los candidatos o dirigentes involucrados.
El mandatario también respondió a las declaraciones de Correa sobre su intención de volver a Ecuador.
“Amenaza el amargado del ático, dice que quiere venir a Ecuador. Aquí lo estamos esperando desde hace tiempo, pero tiene ocho años de cárcel que cumplir”, sostuvo.
Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. El exmandatario, quien reside fuera de Ecuador, rechaza la sentencia y asegura que el proceso tuvo motivaciones políticas.
La nueva confrontación se produce mientras el Gobierno y la Revolución Ciudadana disputan el control de gobiernos locales estratégicos y se acusan mutuamente de utilizar las instituciones con fines políticos.
Concejo de Guayaquil exige imparcialidad al CNE y al TCE
En medio de la controversia, el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó una resolución para exhortar al Consejo Nacional Electoral a actuar con estricto apego a la Constitución y garantizar el respeto al debido proceso.
De acuerdo con Primicias, el pronunciamiento también emplazó a los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral y a los vocales del CNE a demostrar imparcialidad como árbitros de la competencia.
Durante la sesión, el concejal Arturo Escala sostuvo que la discusión no debería entenderse únicamente como un conflicto relacionado con la Revolución Ciudadana o con Amigo.
“No es una cuestión de la Revolución Ciudadana, de Amigo, de quien sea; es una cuestión del Ecuador entero”, declaró.
La concejala Cinthia García agregó que la defensa de la democracia debe colocarse por encima de las diferencias ideológicas y de las banderas partidistas.
La reacción del Concejo refleja el creciente debate sobre el papel de las instituciones electorales y la necesidad de que sus decisiones sean suficientemente fundamentadas, especialmente cuando pueden modificar la competencia pocos meses antes de la votación.
Elecciones seccionales definirán alcaldías y prefecturas
Las elecciones seccionales están programadas para el 29 de noviembre de 2026. Los ciudadanos escogerán a 23 prefectos, más de 220 alcaldes y otras autoridades locales.
La disputa adquiere especial relevancia por el peso territorial de la Revolución Ciudadana, que gobierna ciudades y provincias clave y busca conservar posiciones como la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Manabí.
La suspensión consecutiva de las dos organizaciones utilizadas por sus precandidatos obliga al correísmo a reconstruir su estrategia electoral en medio de los plazos de inscripción y del enfrentamiento político con el Gobierno.
Para Noboa, las medidas responden a investigaciones sobre el posible origen irregular del financiamiento partidista. Para Correa y sus aliados, las suspensiones representan un intento de limitar la participación de la principal fuerza opositora antes de que exista una sentencia.
El desenlace dependerá de las resoluciones del TCE, de los procedimientos del CNE y de la capacidad del correísmo para alcanzar un acuerdo con otra organización habilitada. Más allá de la confrontación entre Noboa y Correa, el caso pondrá a prueba la transparencia, la independencia y la credibilidad de las instituciones que deberán organizar y arbitrar la elección.
